La insolvencia empresarial es una situación que ninguna empresa desea enfrentar, pero que, lamentablemente, puede presentarse en cualquier momento. Afortunadamente, en Colombia existen mecanismos legales diseñados para ayudar a las empresas a superar estas dificultades financieras y continuar operando. Uno de los pilares fundamentales en este ámbito es la Ley 1116 de 2006, que establece el régimen de insolvencia empresarial en el país.
La Ley 1116 de 2006 fue promulgada con el objetivo de proteger el crédito y facilitar la recuperación y conservación de las empresas como unidades económicas y fuentes generadoras de empleo. Esta normativa introduce dos procesos principales: la reorganización y la liquidación judicial. El proceso de reorganización busca, a través de un acuerdo, preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias mediante la reestructuración de sus operaciones, administración, activos o pasivos. Por otro lado, la liquidación judicial se enfoca en la liquidación pronta y ordenada de la empresa, buscando el aprovechamiento del patrimonio del deudor para satisfacer las obligaciones con sus acreedores.
Es importante destacar que la Ley 1116 de 2006 no solo se aplica a las personas jurídicas, sino también a las personas naturales comerciantes. Esto significa que los individuos que ejercen actividades comerciales y enfrentan dificultades financieras pueden acogerse a los procesos de reorganización o liquidación judicial previstos en esta ley. De esta manera, se les brinda la oportunidad de reestructurar sus deudas y continuar con sus actividades comerciales, o de liquidar ordenadamente sus activos para satisfacer a sus acreedores.
En diciembre de 2024, se sancionó la Ley 2437, que establece un régimen permanente de insolvencia empresarial. Esta nueva ley busca proporcionar herramientas más efectivas para la reestructuración y recuperación de empresas en dificultades financieras, mejorando los procedimientos existentes y ofreciendo mecanismos más ágiles y eficientes para la reorganización empresarial. Entre las novedades introducidas por la Ley 2437 de 2024 se encuentra la posibilidad de que los deudores celebren acuerdos de reorganización a través de un trámite de negociación, lo que agiliza el proceso y facilita la recuperación de la empresa.
Además, la Ley 2437 de 2024 refuerza la protección de los derechos laborales y prioriza el pago de acreencias laborales, lo que contribuye a la estabilidad empresarial y a la protección de los empleados. También se promueve el uso de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial en el desarrollo de los procesos de insolvencia, lo que permite una gestión más eficiente y moderna de estos procedimientos.
Para las empresas que se encuentran en situación de cesación de pagos o en incapacidad de pago inminente, acogerse a estos mecanismos puede ser una alternativa viable para superar la crisis financiera. La cesación de pagos se da cuando el deudor incumple el pago por más de noventa días de dos o más obligaciones a favor de dos o más acreedores, o tiene por lo menos dos demandas de ejecución presentadas por dos o más acreedores para el pago de obligaciones. La incapacidad de pago inminente se refiere a la existencia de circunstancias que afecten o puedan afectar gravemente el cumplimiento normal de las obligaciones con vencimiento igual o inferior a un año.
Es fundamental que las empresas y los comerciantes conozcan estas leyes y los procedimientos asociados para poder utilizarlos de manera efectiva en caso de ser necesario. La Superintendencia de Sociedades, entidad encargada de velar por el correcto desarrollo de los procesos de insolvencia en el país, ofrece a los empresarios el Módulo de Insolvencia, una plataforma a través de la cual los usuarios pueden consultar y realizar los trámites de solicitud de admisión al trámite de insolvencia, facilitando el acceso a estos mecanismos y brindando apoyo en el proceso de reestructuración o liquidación.
En conclusión, los regímenes de insolvencia y reorganización en Colombia proporcionan herramientas legales para que las empresas y personas naturales comerciantes puedan enfrentar situaciones de crisis financiera, buscando la preservación de unidades productivas viables y la protección del crédito en el mercado. Es fundamental que los empresarios conozcan estas leyes y los procedimientos asociados para poder utilizarlos de manera efectiva en caso de ser necesario.